El Senado sancionó la nueva ley de medios
La ley que llegó para quedarse

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sacó a la luz la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que busca destruir los monopolios de radio y televisión.
En la madrugada del pasado 10 de octubre, el Senado sancionó la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual y horas más tarde ya se encontraría publicada en el Boletín Oficial, así fue como la nueva ley de medios comenzó a entrar en vigencia, luego de un largo y controvertido camino que debió transitar desde el jueves 27 de agosto, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió el proyecto de ley al Congreso, en un intento más de modificar aquella instaurada por los militares en época de dictadura.
El intento por parte del kirchnerismo de reacomodar, reemplazar la ley 22.285, de Radiodifusión comenzó en el 2004, cuando con Néstor Kirchner al poder, se conformó la "Iniciativa Ciudadana por una ley de Radiodifusión para la Democracia" y luego de la aprobación por mayoría casi absoluta del Congreso se le permitió a las cooperativas adquirir medios de difusión. Un año más tarde, el Poder Ejecutivo le otorgó una prorroga de diez años a los principales multimedios, dentro de cuales se encontraba, Clarín, como uno de los más mayores exponentes. La última maniobra es la ya conocida por todos, el último 27 de agosto cuando la Presidenta, envió al Congreso su anteproyecto para dar con una nueva la Ley de Medios, que según sus palabras, iría a poner a prueba a la democracia argentina. De esta forma, buscaba reemplazar aquella impuesta por el dictador, Jorge Rafael Videla en 1980 y garantizar una mayor libertad de expresión, para evitar que se convierta en “una libertad de extorsión” según Cristina Fernández.
El proyecto original que consta de 144 artículos tuvo alrededor de 50 modificaciones, pero intenta principalmente, limitar el poder de los multimedios. Y en base a esto se podría afirmar que, de acuerdo a las voces de los analistas, la norma busca dar con el corazón del Grupo Clarín. Es decir, se trataría de una nueva embestida, un nuevo ataque frontal contra el grupo mediático más grande del país.
La enemistad tiene sus orígenes, en marzo del año pasado cuando en el conflicto con el campo, el gobierno se enfrentó al equipo dirigido por Ernestina Herrera de Noble. Ahora bien, los cambios que afectará su actual situación serán, por un lado, el otorgamiento de licencias. Hasta ahora, una sola persona podía tener hasta 24 licencias de televisión abierta y de radio y no había límites para la suma de licencias de servicios complementarios, como el cable. También por empresa había un máximo de cuatro licencias. En la nueva regulación se pretende admitir hasta diez licencias para televisión abierta y radio. Por otro lado, quien tenga televisión abierta no podrá tener cable y ningún medio tendrá habilitación para disponer del 35% del mercado. Es decir, que no sólo las actividades del multimedio Clarín resultarán irregulares, sino que además no podrá mantener la fusión Cablevisión-Multicanal que posee el 80% de los clientes del cable, teniendo que desprenderse de una de las dos compañías, y reducir el porcentaje de sus abonados. Asimismo, otro de los cambios establece que los operadores de cable podrán tener una sola señal propia, por lo que Clarín deberá elegir entre TN o Volver o alguna otra que dispone en el aire de la televisión privada. La situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que en caso de desear seguir con el negocio del cable, no podrá hacerlo con el de la televisión abierta; es decir, mantener a canal 13 o Multicanal será considerado ilegal.
La oposición se hizo escuchar
La UCR, la Coalición Cívica, el socialismo y Unión PRO, pusieron su grito en el cielo, y trataron de convencer, más que nada, de que el gobierno quería imponer un monopolio oficialista, de voces e intereses económicos amigos. Además decían que el Congreso no estaba habilitado ni legitimado para analizar un tema de tal transcendencia para el futuro del país. Coincidían en que a pocos meses del fin del mandato de la mitad de la Cámara baja, debatir una nueva ley de radiodifusión era una forma de violentar la política ignorando la voluntad popular, que el oficialismo trataba de confundir a la oposición y que se trataba de una ley de Gobierno, y no de la sociedad. Donde los objetivos del oficialismo era acallar a los medios y hacer negocios con los privados. Así fue como durante semanas los partidos opositores estudiaron alternativas para frenar la nueva ley de medios. Aseguraban que era necesario una serie de modificaciones, reescribir algunos artículos y concluyeron en que lo harían una vez que cuenten con la nueva conformación del Parlamento en diciembre. En pocas palabras, la oposición consideró que no era el momento para activar una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es propio de un gobierno que “como no puede mejorar la realidad, lo que va a tratar es de condicionarla a través de la información; van a influenciar sobre la opinión pública para dibujar una verdad que la gente sabe que no es así” según lo afirmaba el referente de Unión-PRO, Francisco De Narváez en alguna entrevista a TN.
¿Qué tal si se aclara el panorama?
Ahora bien, si se retorna a los contenidos de la nueva norma, en aspectos generales, se podrá observar claramente como se busca, la protección a la producción nacional (cinematográfica, musical) estableciendo que el 60% de lo que muestra la televisión abierta tiene que ser producto argentino, además intentará ampliar el espectro de emisores (las pequeñas cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, agrupaciones representantes de pueblos originarios) que tendrían un mayor espacio para operar radios y canales, poner límite a los monopolios y oligopolios, brindar apoyo al desarrollo de los pequeños y medianos productores del sector privado local, la formulación de planes de acción para fortalecer la actividad audiovisual relacionada con la educación y la cultura. La nueva ley de medios se jacta como ser aquella oportunidad para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de voces, una democracia informativa, una mayor diversidad en las fuentes de producción, de discursos, y contenidos, actualizar la legislación para adecuarse a las nuevas tecnologías y aportar elementos para la modernización de los medios en general, y en particular, de los públicos. Busca desconcentrar y desmonopolizar el mercado mediático.

(Nota informativa)